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Historia de la Asamblea Nacional
 

Nacimiento : 1789

Las asambleas revolucionarias (1791-1799)

La representación amordazada (1799-1830)

El comienzo del régimen parlamentario (1830-1848)

Del intermedio republicano al segundo Imperio (1848-1870)

La consolidación del régimen parlamentario (1875-1940, 1946-1958)

 

Desde hace dos siglos, la historia de la representación nacional se encuentra directamente vinculada a la del principio democrático y al accidentado camino que tuvo que recorrer antes de encontrar en nuestras instituciones una consagración definitiva.

Si bien es cierto que desde 1789 los franceses han elegido periódicamente representantes, el modo de designación y los poderes de dichos mandatarios han variado considerablemente de acuerdo con las épocas, ya que los períodos en que la institución parlamentaria se eclipsó coinciden por lo general con un retroceso de las libertades públicas.

Al respecto, las denominaciones adoptadas no son del todo inocentes. La de "Asamblea Nacional", elegida en el fervor de 1789, no volverá a aparecer
-excepción hecha del breve paréntesis de 1848- sino hasta 1946. Mientras tanto se sucederán denominaciones más o menos reductoras ("cámara de representantes", "cuerpo legislativo", "cámara de diputados", etc.) las cuales reflejan, en diversos grados, las reticencias e incluso la hostilidad declarada de los gobernantes con respecto al principio de la soberanía del pueblo.

Nacimiento: 1789

El 17 de junio de 1789, un mes después de la reunión de los estados generales en Versalles, los diputados del estado llano, al considerar que representaban "por lo menos a noventa y seis centésimas partes de la Nación" se proclamaron Asamblea Nacional. Hicieron acto de soberanía en materia de impuestos y decidieron elaborar una constitución que limitara los poderes del rey. En adelante, la soberanía ya no radicaría en la persona del monarca sino en la Nación, la cual habría de ejercerla por medio de representantes que ella misma habría elegido. Esta revolucionaria concepción encontrará su expresión en las constituciones de 1791 y 1795.

Las asambleas revolucionarias (1791-1799)

La Constitución de 1791 otorgaba a la asamblea legislativa, elegida por un año por sufragio restringido, la competencia para votar las leyes y el impuesto, fijar el gasto público, ratificar los tratados y declarar la guerra. Se reunía de pleno derecho y no podía ser disuelta. El rey, en cuyas manos se encontraba el poder ejecutivo, sólo disponía de un derecho de veto de carácter suspensivo limitado a dos años.

Tras la caída de Luis XVI, el 10 de agosto de 1792, una nueva asamblea elegida por sufragio universal y denominada Convención, haciendo referencia al ejemplo norteamericano, se hizo cargo de elaborar una constitución republicana. La primera fue votada en 1793 y nunca se aplicó.

La Constitución del año III (1795) dividía el poder legislativo entre dos Cámaras elegidas por tres años por sufragio restringido (El Consejo de los Quinientos que era el único que disponía de la iniciativa de las leyes y el Consejo de Ancianos -el senado-) frente a un ejecutivo formado por cinco miembros y denominado el Directorio.

Tras cuatro años de gran inestabilidad política, dicho régimen recibió el golpe de gracia el 18 brumario del año XIII (9 de noviembre de 1799) dado por Bonaparte que, al tomar el poder, marcó el inicio de un largo período en que las asambleas se eclipsaron.

La representación amordazada (1799-1830)

La Constitución del año VIII (1799) que rigió a Francia bajo el Consulado y el Primer Imperio dividía el poder legislativo entre cuatro asambleas (Consejo de Estado, Tribunado, Cuerpo legislativo y Senado), ninguna de las cuales era elegida por sufragio directo. Esta dispersión favorecía la omnipotencia del ejecutivo concentrado únicamente en manos de Napoleón.

La carta otorgada por Luis XVIII en 1814 marcó la reinstauración de la soberanía real, ligeramente moderada por la existencia de un parlamento compuesto por dos asambleas: la Cámara de los diputados elegida por cinco años por sufragio restringido y la Cámara de los pares cuyos cargos eran hereditarios o nombrados con carácter vitalicio. Convocadas por el rey que tenía la facultad de cerrar el período de sesiones cuando lo deseara y privadas de cualquier iniciativa o medio de acción sobre el Gobierno, el poder de dichas Cámaras no era sino una simple apariencia.

El comienzo del régimen parlamentario (1830-1848)

En el régimen que sucedió a la Revolución de 1830 surgió una nueva concepción de la soberanía: la carta ya no será otorgada sino que será votada por la Cámara y aceptada por el rey que habrá de jurarle fidelidad. De esta manera se concluye un pacto entre los representantes de la Nación y el monarca, poseedores en común de la soberanía.

La iniciativa de las leyes fue devuelta a las dos Cámaras. Es precisamente en el transcurso de este período en el cual apareció el principio de la responsabilidad de los ministros ante el Parlamento.

Del intermedio republicano al segundo Imperio (1848-1870)

La constitución republicana establecida después de la revolución de 1848 situaba frente a frente una Asamblea Nacional legislativa de 750 miembros y un Presidente, ambos elegidos por sufragio universal y sin embargo desprovistos de cualquier medio de acción sobre el otro. Esta separación excesiva de los poderes condujo al golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851: Luis Napoleón Bonaparte disolvió la Asamblea y, mediante un plebiscito logra que se le entregue el poder constituyente.

La constitución de 1852 recuperó, a fin de debilitar la representación nacional, los métodos probados durante el Primer Imperio, es decir: frente a un poder ejecutivo todopoderoso -los ministros nombrados por el Emperador dependían únicamente de este último-, el Cuerpo legislativo elegido compartía limitados poderes con el Consejo de Estado, integrado por funcionarios, y el Senado, cuyo nombramiento era de carácter vitalicio.

Dichas instituciones no sobrevivieron a la derrota de 1870. Tras la caída del Imperio, la Asamblea elegida el 8 de febrero de 1871 e instalada en Burdeos y luego en Versalles hasta 1879, elaborará las leyes constitucionales de 1875 que regirán a Francia durante 65 años y fundarán verdaderamente el régimen parlamentario.

La consolidación del régimen parlamentario (1875-1940, 1946-1958)

Las leyes constitucionales de 1875 dividirán el poder legislativo entre la Cámara de Diputados, elegida por cuatro años por sufragio universal directo, y el Senado, elegido por sufragio indirecto por un período de nueve años. Ambas Cámaras tienen amplias atribuciones, tanto en materia de iniciativa de las leyes como de fiscalización de la actuación del Gobierno, cuya responsabilidad pueden exigir. En la práctica, este poder será esencialmente ejercido por la Cámara de Diputados. El Presidente de la República disponía al respecto del derecho de disolución que cayó en desuso desde 1877. La III República estuvo marcada por una gran inestabilidad ministerial que, paradójicamente, estuvo acompañada durante el período situado entre la I y la II Guerra Mundial, por frecuentes delegaciones del poder legislativo al Gobierno.

El 10 de julio de 1940, la Cámara de Diputados y el Senado convocados en Asamblea Nacional en Vichy otorgarán plenos poderes al Mariscal Pétain a pesar de la negativa de 80 parlamentarios [Cronología del Llamamiento del 18 de junio 1940]. A partir de ese momento ya no existirá ningún órgano de representación de la voluntad nacional hasta agosto de 1944, fecha en la cual el Gobierno provisional instauró una asamblea consultiva, antes de que una asamblea constituyente elegida elaborara las instituciones de la IV República.

La constitución del 27 de octubre de 1946 consagró, al igual que la precedente, la soberanía parlamentaria y la primacía del poder legislativo.

La Asamblea Nacional elegida por votación proporcional dispondrá, junto a un Consejo de la República con limitadas atribuciones, de las más amplias prerrogativas: control de la duración de los períodos de sesiones y de su orden del día, ella sola dispone de poder suficiente para derribar al Gobierno. Como contrapartida, el Gobierno puede disolverla pero este derecho obedece a condiciones particularmente estrictas que sólo se reunieron en una ocasión en 1955 durante el Gobierno de Edgar Faure [Edgar Faure]. Fomentada por un régimen electoral que no permite la constitución de mayorías políticas homogéneas, la inestabilidad ministerial volverá a ser la regla hasta la crisis de mayo de 1958 que verá el regreso del General de Gaulle [de Gaulle] y el establecimiento de instituciones que enmarcarán de una manera mucho más estricta los poderes de las asambleas.