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La elección
 

Elección de los deputados    

·         Modo de votación

·         La elección

·         La suplencia

 

Contencioso electoral

·        El recurso

·        El alcance de la decisión

 

Terminación del mandato

 

La obligación de llevar una cuenta de campaña

·        Las disposiciones prohibitivas

·        Los gastos

·        Los ingresos

·        La obligación de llevar una cuenta de campaña

·        La declaración de patrimonio
 

Elecciones legislativas de 9 y 16 de junio de 2002

Diputados de la XII legislatura (2002 - 2007)

Elecciones legislativas de 10 y 17 de junio de 2007

Diputados de la XIII legislatura (después 2007)

 

Elección de los deputados

 El régimen electoral de los diputados se distingue del correspondiente a los senadores por cuatro diferencias principales.

Los diputados de la Asamblea Nacional son elegidos por sufragio (universal) directo, los senadores por sufragio indirecto (segundo y tercer párrafos del artículo 24 de la Constitución).

 La Constitución remite a una ley orgánica lo referente a la determinación de la duración del mandato de los parlamentarios. En su redacción más reciente, el texto orgánico dispone que " los poderes de la Asamblea Nacional expiran el tercer martes de junio del quinto año siguiente a su elección". La duración efectiva de una legislatura puede abreviarse por medio de la disolución; en función de la fecha de la disolución, la legislatura siguiente también puede abreviarse. El mandato de los senadores es de seis años.

 La Asamblea Nacional se renueva íntegramente, la mitad del Senado se renueva cada tres años.

El Presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional, mas no el Senado.

  • Modo de votación

 La V República volvió al modo de votación dominante durante la III República, es decir la votación mayoritaria uninominal en dos vueltas, en el marco del departamento o de la circunscripción.

La ley electoral actualmente en vigor, la cual restableció la votación mayoritaria uninominal tras un paréntesis de proporcional, es la Ley n° 86-825 de 11 de julio de 1986. El número de diputados es de 577, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Área metropolitana 555

Departamentos de Ultramar 15 (Guayana francesa, Guadalupe, Martinica y La Reunión)

Entidades territoriales de Ultramar 2 (Mayotte y Saint-Pierre-et-Miquelon)

Territorios de Ultramar 5 (Nueva Caledonia, Polinesia francesa y Wallis y Futuna)

— Son electores los franceses de ambos sexos, mayores de 18 años, en posesión de sus derechos cívicos. La determinación de la mayoría electoral a los18 años data de la ley de 5 de julio de 1974.

— Son elegibles los franceses da ambos sexos de 23 años de edad como mínimo.

 Al mismo tiempo que el candidato o la candidata, ha de presentarse obligatoriamente un "substituto eventual" que debe suplirlo en un cierto número de casos posibles.

  • La elección

— Para ser elegido en la primera vuelta, el candidato deberá obtener la mayoría absoluta de los sufragios expresados y un número de sufragios igual a la cuarta parte del número total de electores inscritos.

— La segunda vuelta se lleva a cabo el domingo siguiente a la primera vuelta.

— Para ser candidato en la segunda vuelta, es necesario haber sido candidato en la primera vuelta y haber obtenido un número de sufragios equivalente al 12,5% de los electores inscritos.

— En la segunda vuelta, la mayoría relativa es suficiente. 

  • La suplencia

 La incompatibilidad entre una función gubernamental y el mandato parlamentario resultante del artículo 23 de la Constitución exigió establecer un sistema de suplencia.

 En los artículos L.O. 176-1 y L.O. 319 y 320 del código electoral está previsto que los parlamentarios cuyo escaño llegase a estar vacante como consecuencia de su nombramiento en el Gobierno serían substituidos hasta la terminación de su mandato por las personas designadas con tal fin. La suplencia se aplicará asimismo en caso de fallecimiento del titular del escaño, de su nombramiento en el Consejo Constitucional o de continuación de una misión confiada por el Gobierno más allá de seis meses. La suplencia no se aplicará en caso de dimisión, la cual ocasionará una elección parcial.

 El suplente que llegue a ser parlamentario no podrá presentarse contra el antiguo titular del escaño al proceder a la renovación de las asambleas.

Contencioso electoral

  La Constitución de 1958 retiró a las asambleas la validación de la elección de sus miembros y confió al Consejo Constitucional ya no la "verificación de los poderes" de todos los representantes electos como en el sistema anterior, sino únicamente la capacidad de juzgar aquellas operaciones electorales que fueren impugnadas.

De naturaleza exclusivamente contenciosa, las atribuciones del Consejo Constitucional son menos extensas en lo referente a la elección legislativa que con respecto a la elección presidencial y el referéndum, en los que este órgano deberá resolver no únicamente sobre las reclamaciones sino también velar por la regularidad de las operaciones electorales y proclamar sus resultados.

  •  El recurso

 Deberá proceder de un elector de la circunscripción o de un candidato, excluyendo al representante del Estado o de una asociación. Habrá de presentarse dentro de un plazo de "diez días siguientes a la proclamación de los resultados de la votación", ya sea a la Secretaría General del Consejo Constitucional, o bien al Prefecto o al representante del Estado en el caso de un Territorio de Ultramar. El recurso deberá precisar los medios de anulación invocados; la mayoría de éstos resultan de las condiciones de la propaganda electoral.

 El recurso carece de efecto suspensivo y no impide el ejercicio del mandato. Mientras el Consejo Constitucional no haya resuelto, la aplicación de las normas relativas a las incompatibilidades y a la limitación de la acumulación de mandatos será diferida.

 La solución del contencioso electoral no está delimitada por plazo alguno.

  • El alcance de la decisión

 En el artículo 41 de la Ordenanza n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 aprobatoria de la ley orgánica relativa al Consejo Constitucional están previstos dos tipos de decisiones sobre una impugnación de elección. El Consejo Constitucional puede anular la elección impugnada o reformar la proclamación realizada por la comisión a cargo del recuento de los votos y proclamar al candidato regularmente electo. Sin embargo, el Consejo Constitucional nunca ha hecho uso de su facultad de substituir al candidato que se proclamó electo.

Sin necesidad de anular ni substituir, el Consejo puede limitarse a rectificar los resultados.

  Terminación del mandato

Las causas de terminación del mandato en el transcurso de la legislatura son las siguientes:

El fallecimiento : cuando un diputado fallece, el Ministro del Interior dirige una carta al Presidente de la Asamblea por medio de la cual le indica la fecha en que quedó vacante el escaño así como, cuando corresponda, el nombre de la persona que deberá substituir al parlamentario fallecido.

La aceptación de funciones incompatibles , tales como funciones gubernamentales o la función de miembro del Consejo Constitucional.

Se considera que un parlamentario que haya sido nombrado miembro del Gobierno opta por esta función en caso de no expresar la voluntad opuesta dentro de un plazo de un mes después de su nombramiento (artículo L.O. 153 del código electoral). Durante dicho plazo, no podrá participar en votación alguna. En caso de nombramiento en el Consejo Constitucional, el plazo de opción se reduce a ocho días (artículo L.O. 152).

La prolongación de una misión temporal confiada por el Gobierno más allá de seis meses. El escaño se considerará vacante a partir de la decisión de prórroga (artículo L.O. 144).

La anulación de una elección pronunciada por el Consejo Constitucional que será efectiva mediante la notificación de la decisión a la Asamblea.

La dimisión voluntaria, que sólo podrá ser efectiva para un diputado cuya elección no haya sido impugnada.

La inhabilitación certificada por el Consejo Constitucional, requerido por la Mesa de la Asamblea o por el Guardasellos — Ministro de Justicia —, cuando una causa de inelegibilidad se haga patente después de la elección (artículo L.O. 136).

La dimisión de oficio pronunciada por el Consejo Constitucional a instancias de la Mesa de la Asamblea o del Guardasellos, en aplicación de las normas sobre las incompatibilidades parlamentarias (artículo L.O. 151). El Consejo Constitucional declarará asimismo la dimisión de oficio de un candidato que hubiere sido proclamado electo cuando no hubiese procedido a la presentación de su declaración de situación patrimonial o bien a la presentación de su cuenta de campaña, o que hubiese superado el límite máximo de gastos electorales (artículos L.O. 128, L.O. 135-1 y L.O. 136-1)..

La elección de un diputado para el Senado. No obstante, en caso de impugnación, la vacante del escaño sólo será proclamada tras decisión del Consejo Constitucional que confirme la elección. En caso de anulación de la elección se restablecerá el mandato inicial.

Cuando un escaño se encuentra vacante, para cubrirlo habrá de procederse a una elección parcial. Se hará excepción a esta regla en dos casos: no se procederá a ninguna elección parcial en los doce meces precedentes a la expiración de los poderes de la Asamblea Nacional (artículo L.O. 178, párrafo 2); o bien cuando, solución ya evocada, deba procederse a la substitución por el suplente (en caso de fallecimiento, nombramiento para desempeñar una función ministerial o en el Consejo Constitucional y prórroga de una misión temporal confiada por el Gobierno más allá de seis meses).

La obligación de llevar una cuenta de campaña

  La financiación de las campañas electorales, al igual que la de los partidos, se encuentra enmarcada por una legislación reforzada progresivamente (*).

  • Las disposiciones prohibitivas

  La ley prohíbe un determinado número de gastos electorales. La Ley de 11 de marzo de 1988 prohibió la publicidad política por radio y televisión. La Ley de 15 de enero de 1990, relativa a la limitación de los gastos electorales y a la clarificación de la financiación de las actividades políticas prohibió, durante los tres meses precedentes a la elección, "la utilización de cualquier procedimiento de publicidad comercial por vía de prensa o por cualquier medio de comunicación audiovisual con fines de propaganda electoral" (artículo L.52-1 del código electoral). Las mismas disposiciones se aplican en lo referente al marketing telemático o telefónico (artículo L.50-1).

  •  Los gastos

  Al tratarse de elecciones legislativas, en primer lugar figuran los gastos de propaganda. Estos son directamente asumidos por el Estado (coste del papel, impresión de las papeletas de voto y carteles, y gastos de fijación de carteles). El límite máximo de los gastos se fijó en 38.000 € a los cuales se aumenta 0,15 € por cada habitante de la circunscripción. Este límite máximo se actualiza cada tres años a fin de tomar en consideración la evolución del costo de la vida. Éste se multiplicó por un coeficiente de 1,12 mediante el decreto no 2002-350 de 14 de marzo de 2002.

  •  Los ingresos

—  Financiación privada

La ley de 19 de enero de 1995 relativa a la financiación de la vida política prohibió las donaciones de personas jurídicas (es decir empresas, esencialmente). Las donaciones de personas físicas están limitadas a 4 600 € como máximo y toda donación superior a 150 € deberá liquidarse por cheque. Además, el importe global de las donaciones en efectivo deberá ser inferior o igual a la quinta parte del límite máximo de los gastos autorizados.

—  Financiación pública

La ley de 11 de marzo de 1988 añadió al tradicional reembolso por parte del Estado de los gastos de propaganda un reembolso a tanto alzado. Este último se fijó en 1988 en un 10% del importe de los gastos electorales. Con el fin de compensar los efectos de la prohibición de financiación por parte de las personas jurídicas, la ley de 19 de enero de 1995 elevó el porcentaje de reembolso al 50 % del límite máximo.

 Para acceder al derecho de reembolso, es necesario haber obtenido por lo menos un 5 % de los sufragios expresados en la primera vuelta de la votación. Además de los candidatos que no obtengan dicho 5%, quedarán excluidos del reembolso: aquellos que excedan el límite máximo; aquellos que no respeten las disposiciones relativas a la cuenta de campaña (véase a continuación ; aquellos cuya cuenta haya sido rechazada, y aquellos que, estando obligados, no hubiesen presentado su declaración de patrimonio.

  •  La obligación de llevar una cuenta de campaña

Cada candidato tiene obligación de elaborar una cuenta de campaña, en la que se describa de acuerdo con su naturaleza el conjunto de ingresos percibidos y de gastos efectuados por sí mismo o por su cuenta durante el año precedente a la elección.

Para reunir los fondos destinados a la financiación de su campaña, el candidato nombra a un mandatario financiero único, el cual abre una cuenta bancaria o postal en la que centraliza todas las operaciones financieras de la campaña en las condiciones que se precisan mediante la Ordenanza n° 2003-1165 de 8 diciembre de 2003 aprobatoria de la simplificación administrativa en materia electoral.

 La cuenta de campaña –tanto de los elegidos como de los vencidos – se transmite en los dos meses siguientes a la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y de Financiamientos Políticos, la cual habrá de pronunciarse dentro de un plazo de seis meses. Dicha Comisión podrá aprobar, desestimar o rectificar la cuenta.

 Están previstos tres tipos de sanciones: pecuniaria (negativa de reembolso por parte del Estado de la fracción reembolsable), penal (multa) y electoral. En este último caso, el candidato proclamado diputado perderá su escaño y será declarado inelegible durante un año por el Consejo Constitucional cuando este último, requerido por la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña, compruebe que no presentó su cuenta de campaña o que dicha cuenta fue desestimada con razón por la Comisión. El Consejo puede declarar inelegible, por el mismo lapso de tiempo, a cualquier candidato que exceda el límite máximo legal de los gastos electorales (Ley Orgánica de 10 de mayo de 1990).

  •  La declaración de patrimonio

 Según lo dispuesto por el artículo L.O. 135-1, introducido en el código electoral por una Ley Orgánica de 11 de marzo de 1988, modificada por otra Ley Orgánica de 19 de enero de 1995, cada diputado proclamado electo tiene obligación de establecer una declaración jurada de su situación patrimonial, referente a la totalidad de sus bienes propios y, cuando corresponda, a la comunidad de bienes conyugales o los bienes considerados indivisos en aplicación del artículo 1538 del código civil, es decir, todos aquellos bienes sobre los que el declarante tenga un poder de administración, de usufructo y de libre disposición o de disposición conjunta.

 El diputado deberá presentar una primera declaración ante la Comisión encargada de la transparencia financiera de la vida política dentro de un plazo de dos meses siguiente a su entrada en funciones. Deberá presentarse una nueva declaración como máximo dos meses y como mínimo un mes antes de la terminación del mandato del diputado o, en caso de disolución de la Asamblea o de terminación del mandato del diputado por una causa diferente del fallecimiento, en los dos meses siguientes al término de sus funciones. No obstante, esta nueva declaración no será exigida si el interesado ya hubiese presentado, por otro concepto, una declaración de su situación patrimonial en un lapso de tiempo inferior a seis meses.

 La Comisión encargada de la transparencia financiera de la vida política remitirá a la Mesa de la Asamblea Nacional el caso de cualquier diputado que no haya cumplido con la obligación de presentar alguna de las dos declaraciones patrimoniales previstas en el artículo L.O. 135-1. El Consejo Constitucional, requerido por la Mesa de la Asamblea Nacional, hará constar, cuando corresponda, la inelegibilidad ‑sanción que, en aplicación del artículo L.O. 128, será de un año de duración – y, si fuese necesario, por la misma resolución declarará al diputado dimisionario de oficio. En caso de que, una vez que el interesado haya estado en condiciones de presentar sus observaciones, la Comisión señale evoluciones de patrimonio con respecto a las cuales carece de explicaciones, remitirá el expediente a la Fiscalía.

***

 De 1871 a 1940, las elecciones legislativas eran el único modo de expresión de la voluntad popular. A partir de 1958, éstas coexisten con otras dos formas de consulta del sufragio universal: el referéndum (que puede ser constitutivo o legislativo) y la elección del Presidente de la República (desde 1965). De esta manera, el cuerpo electoral en su conjunto cuenta con frecuentes oportunidades para expresarse a nivel nacional.

 En caso de elección presidencial o de referéndum realizado durante un período de sesiones, los trabajos parlamentarios serán por lo general suspendidos a fin de que los diputados puedan participar a la campaña previa a la votación. De la misma manera se procederá con motivo de las elecciones municipales.